Se las acabó la buena vida a los sindicalistas

Parece que de a poco desde el Gobierno quieren poner las cosas en su lugar y ésta vez les tocó el turno a los sindicalistas, ya que el reclamo de la sociedad para que se arroje luz sobre el curioso e inmenso patrimonio que algunos líderes sindicales poseen, es cada vez más fuerte.

Y es que la gente está harta de eso de “obreros pobres, sindicalistas ricos”, y es bastante común enterarse que varios jefes sindicales viven en lujosas casas, tienen autos costosísimos y se dan una vida que ningún trabajador, al que dicen representar, puede darse.

Entonces desde el Gobierno de Mauricio Macri pusieron la lupa sobre los líderes sindicales que administran obras sociales. Ya que se sabe que manejan millones y millones de pesos y no siempre las cosas estuvieron demasiado claras.

Ya que si un líder sindical, ademas de suponer que defiende el derecho de sus afiliados, maneja obras sociales a discreción y por otro lado tiene una vida ostentosa, tiene que tener las cuentas claras y todo ser trasparente.

Según informó el matutino “Clarín”, en Casa Rosada ya tienen firmado un decreto mediante el cual estarán obligados a presentar una declaración jurada pública aquellos líderes sindicales que manejan obras sociales.

De esta forma los bienes que poseen estos líderes sindicales pasarán a ser públicos y de libre accesibilidad. Esto significa que estarán disponibles en internet y podrán ser consultados tanto por organismos judiciales como por el ciudadano común.

Sin dudas esta acción de parte del Gobierno de Mauricio Macri es fuerte y se basa en el hecho que no se puede seguir más con el ocultamiento del patrimonio de algunos líderes sindicales que solo cuando son investigados por la justicia nos damos cuentas que era millonarios.

Desde el Gobierno quieren modificar el decreto 576/93, que reglamentó la ley 23.660 y establece los requisitos que deben cumplir quienes dirigen y administran las obras sociales. Apunta, específicamente, al inciso D del artículo 13, que incluye como obligación la presentación de la declaración jurada, “en sobre cerrado y firmado”, ante la Superintendencia de Servicios de Salud. En la actualidad, esas DDJJ están disponibles pero sólo se abren ante un pedido puntual de la Justicia.

Con esta nueva modificación se asegura la transparencia de todas las acciones de los líderes sindicales que administran obras sociales y se empiezan a hacer las cosas como corresponde. Claro está que aquellos que tengan algo que ocultar, seguramente saltaran a cuestionar este nuevo decreto, y no serán pocas las voces que salgan a gritar a los cuatro vientos que se está atacando al movimiento obrero, cuando en verdad lo que se quiere hacer es terminar con eso de “obreros pobres, sindicalistas ricos”.